Hay anuncios que se prestan a malos entendidos y otros que no dejan lugar a dudas. El pasado jueves 7 de julio el gobernador Hermes Binner; el primer mandatario electo, Antonio Bonfatti, y el ministro de Obras Públicas, Hugo Storero, dijeron sin rodeos que, una semana después, estarían licitando la tan postergada obra de ampliación de los siete primeros kilómetros de la Ruta 1.

Estaban todos los que debían estar. Ninguno de los funcionarios puede argumentar ahora falta de información sobre este tema. Hablaron de las características del proyecto, del monto de la inversión y hasta de fechas. Pero los días pasaron, las elecciones primarias del 14 de agosto quedaron atrás y los anuncios se diluyeron.

Hasta que el miércoles de la semana pasada, Binner sorprendió a todos: dijo que el proyecto que habían presentado 48 días antes debía ser revisado y que no resultaba razonable gastar 170 millones de pesos en siete kilómetros de ruta. Condicionó entonces la obra a un plan director que contemple todas las conexiones viales pendientes en el área metropolitana de la ciudad.

Como era de esperar, la reacción de los vecinos fue inmediata. Marcharon en caravana hasta la Casa de Gobierno para pedir explicaciones. Y éstas llegaron, pero no alcanzan para aclarar cómo fue posible que el gobierno anunciara un proyecto del que, evidentemente, se arrepintió pocas semanas después.

Con las cifras de la inversión a la vista, es lógico que el gobernador haga hincapié en la necesidad de un plan general que agilice el tránsito en el ingreso de Santa Fe. Es que el costo por kilómetro presentado es elevadísimo -5,7 millones de dólares- y la demanda de obras, variada. De modo que el principio de razonabilidad debe guiar la toma de decisiones.

Entre tanto, también es cierto que cada fin de semana el puente Oroño se convierte en un verdadero embudo para miles de automóviles, camiones y colectivos que llegan desde la costa, Paraná y otros puntos del Mercosur.

Lo que en cambio no parece razonable, ni lógico, son los anuncios preelectorales que luego no se consuman. Ningún cataclismo ocurrió durante los 48 días que transcurrieron desde la confirmación de la obra hasta el cambio de postura del gobierno. Si el proyecto no era viable se debió advertirlo antes.

Por eso ahora los vecinos se sienten manoseados. Cuando el FPCyS asumió el gobierno a fines de 2007, se encontró con que sus antecesores peronistas habían licitado la obra sin tener en cuenta los desagües. La decisión de paralizar los trabajos fue entonces correcta. Pero el tiempo pasó y, hasta ahora no se puso en marcha un proyecto alternativo. Sin embargo, ayer al mediodía las autoridades le habrían comunicado a los vecinos la decisión de licitarla el mes próximo aunque con una sustancial reducción de costos y, por lo tanto, del último proyecto conocido.

Si el anuncio por fin se concreta, el desencanto de los vecinos de la Costa habrá de disiparse y el gobierno podrá recuperar el crédito de la palabra empeñada que había sufrido mengua con tantas dilaciones.