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A continuación, la columna de opinión del secretario de Energía Daniel Cameron que publicó el diario Tiempo Argentino.
"En 2003, el país estaba prácticamente en disolución social y, como si esto fuera poco, se encontraba en default, con un producto bruto que había caído en los últimos tres años (de 1998 a 2001) un 18 por ciento."
No es mi estilo confrontar con dichos de terceros respecto de temas de gestión, en especial del sector energético. Considero que es un ejercicio de libertad de opinión, sobre la que los ciudadanos sacan sus conclusiones y en los momentos en que les toca expresarse, ratifican o cambian el rumbo. No obstante, las periódicas críticas en carácter grupal o individual de un grupo de ex secretarios de energía, ha excedido largamente la razonabilidad de una opinión, ya que entiendo debe haber consecuencia entre lo que uno hizo cuando le tocó asumir un cargo y lo que dice que otro debe hacer cuando ocupa su mismo lugar.
En primer término, deben considerarse las condiciones existentes al momento del inicio de la actual gestión, que ha comenzado su tercer periodo de gobierno. En 2003, más del 54% de la población se encontraba por debajo del nivel de pobreza, el 27% en la indigencia, y la desocupación era superior al 25% por ciento. Es decir, el país estaba prácticamente en disolución social y, como si esto fuera poco, se encontraba en default, con un producto bruto que había caído en los últimos tres años (de 1998 a 2001) un 18 por ciento.
Los procesos que llevaron al país a esta crisis tuvieron una larga gestación, que en gran parte coinciden con los períodos de estos secretarios. Quiero interpretar entonces que lo que hoy sugieren es lo que ellos no pudieron o no quisieron realizar cuando les tocó su turno. Está claro que los funcionarios de esta gestión tuvimos en esos años la responsabilidad de otras obligaciones, porque vivíamos también en la Argentina, pero no ocupamos ninguno de los lugares centrales desde donde se adoptaron las decisiones que llevaron a tamaña implosión. En cambio este grupo de ex funcionarios habla como si no tuviera nada que ver con la angustiosa situación en que encontramos al sector energético en 2003.
De algunos de ellos, como Apud, es poco lo que podríamos juzgar, ya que sólo estuvo 15 días, durante la fugaz gestión de López Murphy, que debió renunciar por el durísimo ajuste que propuso, que es bueno decirlo, afectaba a la educación y al sector energético.
En cambio otros, como Guadagni, no merecen consideración, no por sus políticas, sino por haber sido en una oportunidad funcionario de la última dictadura militar, para luego volver de la mano de un ex presidente que justamente propone terminar con los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Considero que el debate es incompatible con quienes participaron de gobiernos de facto.
En los casos de Lapeña y Montamat, que a partir de 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín ocuparon importantes cargos en el sector energético, los resultados no fueron muy alentadores. El Plan Energético Nacional de 1986, que tuvo a Lapeña como uno sus artífices, es una clara muestra de su gestión. Planteaba que existía un 60% de exceso de equipamiento generador y analizaba las probables contingencias ante períodos de pocas lluvias. Un año más tarde quedó en evidencia su inconsistencia. Una reducción considerable de reservas hidráulicas y la postergación de planes de mantenimiento en centrales térmicas produjeron una severa crisis energética, cuyo pico llegó en enero de 1989 con los recordados cortes programados de energía.
Resulta importante tener como dato que la evolución del Producto Bruto Interno de la Argentina entre 1980 y 1990 fue de una caída del 8%, lo que se dice una década perdida. Por lo tanto, faltaba energía en un contexto de retracción de la economía, sin dudas todo un logro. El problema no era que la infraestructura no fuera suficiente, sino que la falta de planificación de la gestión de Lapeña no logró si quiera mantener la existente. Esta debacle sectorial fue una de las causas a partir de las cuales el doctor Raúl Alfonsín debió retirarse de la presidencia de la Nación anticipadamente.
A pesar de todo este descalabro, el ingeniero Lapeña tuvo su revancha con Fernando de la Rúa, quien lo designó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde se encontró con Atucha II paralizada, como la había dejado, y no hizo nada.
Además de ser presidente de Gas del Estado e YPF en la década de 1980, cuyas malas administraciones dieron lugar a la privatización de esas empresas, Montamat volvió a la Secretaría de Energía con el gobierno de la Alianza, no logrando tampoco mejores resultados.
La gestión de Montamat ostenta el récord de lograr que la Argentina tuviera los combustibles más caros del mundo (entre un 5 y 10% encima de la paridad de importación). Asimismo, es recordado el ruinoso acuerdo de exportación de electricidad a Brasil, que obligaba a la industria argentina a competir con las fábricas de ese país, lo que derivó en un aumento de los valores en el mercado spot. Por si eso fuera poco, también lanzó un plan de transporte de electricidad, anunciado con bombos y platillos en el microcine del Palacio de Hacienda, del que nunca puso una sola torre ni tendió un metro de cable. Eso sin contar que no tomó ninguna medida para aumentar la producción de hidrocarburos o promover inversiones en generación eléctrica, y mucho menos en el sector nuclear, que languidecía desde mediados de los ochenta.
A pesar de no formar parte de este grupo de ex funcionarios, no puede dejar de mencionarse a Gustavo Calleja, subsecretario de energía en la primera mitad del gobierno de Alfonsín, por ser otro habitual crítico. Es curioso que nos acuse de tener, según él, "las mismas políticas que en los años noventa", toda vez que resulta imposible entender ese proceso de privatizaciones y entrega de empresas públicas soslayando la desastrosa gestión y el vaciamiento al que las sometió el gobierno radical que Calleja y los otros integraron.
Un comentario aparte merece el gas. El esfuerzo de los últimos 30 años estuvo centrado en incrementar su participación en la matriz, lo que torna incomprensible que muchos de estos funcionarios hayan permitido su exportación a precio vil, promovido en cada acuerdo bilateral que suscribió nuestro país, cuando claramente las reservas no lo hacían sustentable.
Desde el año 2003, hemos logrado que el sector energético acompañe y apuntale el crecimiento económico, que permitió reducir de manera drástica la situación de pobreza y desempleo que había. Para ello pusimos en marcha el plan más ambicioso de los últimos 50 años, a partir del cual incrementamos la generación en un 40%, finalizamos obras emblemáticas como Atucha II y Yacyretá y ampliamos en más de 25 millones de metros cúbicos la capacidad de transporte de nuestros gasoductos y en 5000 kilómetros el extendido de cable de alta tensión.
Por eso es bueno recuperar la memoria y antes de realizar críticas, sean estas válidas o no, cada uno debe hacerse cargo de su historia, de sus aciertos y errores. No pueden ahora plantear políticas que nada tienen que ver con lo que hicieron cuando tuvieron el privilegio de dirigir un área tan estratégica y central como la energía. No es lícito proyectar las propias frustraciones en una gestión que con mucho esfuerzo ha logrado apuntalar y sostener un período de crecimiento de más del 80% del PBI, que permitió a millones de argentinos recuperar la dignidad y la esperanza. |
