Por Cristina Pradolini

Hoy asistimos en Rosario y su región al proceso de decisión sobre qué plantear en las tierras del ex Batallón de Comunicaciones 121, que el gobierno de la provincia de Santa Fe adquirió al Ministerio de Defensa de la Nación.

El predio, de aproximadamente 30 hectáreas, cuenta con más de 20 edificaciones, lo que muestra una importante escala de intervención. Dichas edificaciones son de valor patrimonial, sólidas, en buen estado de conservación, que podrían habilitarse para su uso en forma casi inmediata.

El 11 de octubre del presente año (fecha prorrogada), se cierra el Concurso Nacional de Ideas (no vinculante), en cuyas bases aparecen mencionados los posibles usos del suelo en el predio: "Uso educativo, cultural, deportivo, residencial temporario, salud y producción".

Se menciona también "Area de Producción: empresas destinadas a la promoción, investigación y preservación del medio ambiente", lo que podría generar en este caso un interrogante sobre la permisividad de emprendimientos productivos privados, y "Area residencial: destinado a alojamiento residencial temporario".

La Ley Nacional N° 23.985, del año 1991, establece los términos en que deben considerarse los usos del suelo, que se definen con la escrituración de los predios que se transfieren.

Debemos preguntarnos hoy qué usos se concretarán en este caso. Y es preocupante que haya transcendido que el gobierno de nuestra provincia esté considerando la posibilidad de construcción de viviendas, a través de emprendimientos privados.

Nuestros gobiernos en estos casos, no pueden eludir la fundamental responsabilidad de establecer políticas públicas claras, planteando usos que aporten a la inclusión social, a la equidad, que logren integrar a la totalidad de los habitantes de la ciudad y su región, y en especial a los sectores más postergados de la sociedad.

Rosario ha generado en los últimos años desarrollos de proyectos urbanos de gran escala, aumentando la calidad urbana de algunos sectores, en la mayoría de los casos a través de emprendimientos inmobiliarios privados, intervenciones público-privadas, que son lícitos en una economía de mercado.

No obstante, no debemos olvidar que aún encontramos en nuestra ciudad bolsones de pobreza, en condiciones de hábitat muy degradado, áreas sin los servicios básicos que garanticen la salud de su población, sin provisión de agua potable, sin desagües cloacales, etc., que aún persiste la situación de niños sub alimentados, personas sin techo, ancianos indigentes, y fenómenos diversos de degradación, producto de niveles de carencias y exclusión muy significativos.

Una sociedad con grandes desigualdades es una sociedad dual, enferma, y todos sus ciudadanos, de todos los sectores sociales, sufren las consecuencias de esa polarización social.

Es preocupante la situación de inseguridad en que vivimos, robos y asaltos a personas e inmuebles en forma constante y en todas las áreas urbanas. No alcanza la presencia policial, ni la solución la encontraremos construyendo cárceles.

La inclusión social se logra a través de la generación de empleo, de planes de educación, de programas de participación, y muchos aspectos más, pero es fundamental que nuestros gobernantes asuman también una posición clara y definida frente a los proyectos y obras públicas de nivel urbano y regional.

Rosario necesita más equipamiento social comunitario.

Los proyectos urbanos y el desarrollo de la obra pública, sobre todo cuando se trata de intervenciones urbanas de gran escala, como lo es en este caso, cumplen un rol fundamental. Es ineludible el rol del Estado en estos casos.

El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, alguna vez dijo: "Los poderosos no necesitan del Estado. Ellos saben defenderse solos. Como gobernantes debemos ocuparnos de los más humildes"

Hoy disponemos de 30 hectáreas, para concretar proyectos que a través de la inclusión, integración y verdadera participación, puedan generar mayor calidad de ciudadanía en nuestra sociedad.

Podemos plantear innumerables alternativas de usos, a través de los cuales puedan brindarse

servicios comunitarios gratuitos, de contención social, a niños, jóvenes y adultos, que hoy no tienen acceso por su condición de excluídos de la sociedad.

El ex Batallón de Comunicaciones 121 nos ofrece hoy una gran oportunidad. Pertenece a todos los habitantes de la ciudad, la región y la provincia. No la dejemos pasar.