La experiencia demuestra que la independencia de los órganos de control es un aliciente a la eficiencia de los servicios públicos. Se trate de un prestador privado, estatal o de una cooperativa, la gestión del control por parte de un ente especializado y -sobre todo- no dependiente del gobierno, pone a las empresas públicas expuestas a mostrar si logran o no cumplir su cometido: brindar servicios.

En los últimos días han trascendido detalles del marco regulatorio con el que el gobierno santafesino quiere modernizar la Ley Provincial 11.220, que sirvió en 1994 para privatizar la ex Dipos.

Es verdad que la privatización del agua potable y las cloacas no tuvo en Santa Fe -como en todo el país- un final feliz. Pero también es cierto que hay una experiencia novedosa y positiva en el sector del saneamiento santafesino: junto con la gestión privada se inició el primer órgano de control de servicios públicos autónomo respecto del Ejecutivo.

Los cambios que ahora propone el gobierno de Hermes Binner parecen destinados a la próxima la gestión de Antonio Bonfatti. Se estima que, antes de perder la mayoría en ambas Cámaras el próximo diciembre, el oficialismo buscará al menos media sanción en Diputados.

El proyecto de ley que se enviará al Legislativo contiene cambios de fondo en el actual Ente Regulador de los Servicios Sanitarios. El más polémico es el que pretende quitarle al Enress su autonomía.

Desde su creación en 1995, el Ente de Control tiene directores designados por un mecanismo equivalente al que la Constitución Provincial ha reservado para los jueces. El Ejecutivo envía pliegos con los propuestos y las Cámaras tienen la potestad de aceptarlos o rechazarlos. En cambio, la iniciativa en ciernes plantea su reemplazo por concursos de antecedentes y oposición para lograr un perfil más técnico de los directores, sin que los postulantes deban ser aceptados o rechazados por los diputados y los senadores provinciales.

La solución puede tomarse de otra decisión del propio gobierno de Binner, que ha dado en el clavo con los jueces, al sumar al proceso de designación constitucional una elogiable autolimitación.

El gobernador, mediante un decreto de espíritu reformista frente a la Carta Magna, creó los concursos para los aspirantes a magistrados: los ganadores se envían a la Legislatura. Nada le impide al actual gobierno, o al próximo, repetir con los futuros directores del Enress esa decisión republicana tomada con los jueces.

No hay razones para que el Enress pierda su autonomía, su separación (económica y funcional) del Poder Ejecutivo.

Abrir una discusión sobre la pérdida de independencia del Enress será retroceder, aún no se ha comenzado a debatir cómo controlar a la Empresa Provincial de la Energía.

Ante la EPE, los usuarios no tienen ninguna instancia de queja que no sea la vía judicial. De perderse la autonomía del Enress, también en el sector del saneamiento el gobierno será juez y parte.